El resultado de la consulta ciudadana sobre la ubicación de una terminal aérea con la cual se logre mantener la conectividad, incrementarla, impedir cualquier tipo de accidentes ante la saturación existente, etcétera, significó mucho para los mexicanos en general, para aquellos cuyas opiniones convertían a Texcoco en el lugar ideal, pero también para los demandantes de una red aeroportuaria la cual impida se siga secuestrando en solo punto a los usuarios de este transporte, tanto a los nacionales como a los extranjeros. Independientemente de lo anterior, se logró otorgarle la mayoría de edad a quienes, con sus impuestos, con su dinero, permanecen ajenos a las decisiones de gran envergadura.



“Un millón de opiniones son muchas más que una sola”, llegó a expresar Andrés Manuel López Obrador y la decisión apoyando al aeropuerto de Santa Lucía no es sino una pequeña parte de lo que se ve consistirá en crear toda una red aeroportuaria. Por lo pronto la saturación actual del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en sus terminales 1 y 2, se resolverá aprovechando al máximo la capacidad de la terminal aérea ubicada en Toluca.

Se sabe, extraoficialmente, es considerado el aeropuerto de Atizapán, también en el Estado de México para la salida de vuelos particulares y el de carga estaría en Querétaro al contar con óptimas redes carreteras e inclusive ferroviarias, indispensables para esta actividad.



Con la participación de los ciudadanos en esta consulta, se ve claramente se expresó una vez más el rechazo a cualquier actividad en donde existan elementos ubicados dentro de los negocios fraudulentos y corruptos llevados a cabo por ciertos empresarios quienes no abandonan su lugar en las listas de Forbes y son señalados por, inclusive, pagar porcentajes mínimos de impuestos y, de ser posible, evadirlos.

Además de recibir millonarias condonaciones. El contraataque de estos grupos se ha dejado sentir al señalar, en voz de sus líderes, empresariales nerviosismo en los mercados e inclusive culpan a esta determinación de la alteración en la paridad peso-dólar. Ello pueden manejarlo en virtud de estar sus empresas cotizando fuertemente en la Bolsa Mexicana de Valores, desde donde realizan todo tipo de manipulaciones en una vana intentona de presionar al presidente electo.

Los mayores temores se centran en dos renglones: la devolución de las Afores utilizadas sin el consentimiento de los ahorradores y las indemnizaciones a cubrir por los daños causados a un número aún no determinado de casas afectadas al ir avanzando la construcción del fallido aeropuerto. Ambas partidas deberán ser cubiertas por quienes usaron un dinero sin autorización y por aquellas causantes de las afectaciones referidas.

Empecinado como se encuentra EPN y los empresarios engolosinados con el NAIM texcocano, anuncian seguirán los trabajos hasta el primero de diciembre, hasta el último minuto de portar el mexiquense la banda presidencial, lo cual demuestra hacia donde han caminado los intereses durante los últimos años y, lo que es peor, el ejercicio de una autoridad por encima de la opinión ciudadana.

Y es que los negocios no se centran únicamente en la terminal aérea, estaban los inmobiliarios, los comerciales, los de los centros de hospedaje y obviamente el más rico de todos: el mantenimiento y los servicios de las instalaciones aeroportuarias y por ende esperar al momento en el cual semejante faraónica obra les sea concesionada con beneficios tales como el no pagar impuesto predial.

Cancelar el NAIM de Texcoco significa parar de tajo la construcción de grandes edificios, de zonas exclusivas en donde hubiese, además, una terminal para vuelos particulares y por ende la renta de hangares, significarían otro negocio más que redondo ya fuese por la vía del arrendamiento o de la compra directa. Detrás de cualquier opinión con o sin capacidad y conocimientos sobre ingeniería aeroportuaria, está presente la negativa a seguir soportando sigan prevaleciendo los intereses de quienes siguen haciendo negocios con el dinero de todos los mexicanos.

Ningún beneficio para la ciudadanía en general arroja esta obra, los salarios de quienes ahí encontraron empleo son de hambre, ni siquiera fueron capaces de inscribirlos a todos en el IMSS y los descuentos en nómina están a la orden del día. A ello se agrega el encarecimiento, las cifras no conocidas de gasto y costo total reales y por si no fuese suficiente, las prácticas corruptas en las cuales no dudaron en infectar a una de las más serias instituciones nacionales.

Curiosamente los empresarios inconformes con la decisión ciudadana, los agoreros de todas las desgracias económicas habidas y por haber, forman parte de una lista de 10 contribuyentes a quienes se les han condonado impuestos por montos superiores a los cien mil millones de pesos al alcanzar la cifra de 794 mil 731 millones 878 mil pesos y son: Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V., Ajemex, S.A. de C.V.; Tiendas Soriana, S.A. de C.V.; Edificaciones integrales de Guadalajara, S.A. de C.V.; América Móvil, S.A. B. de C.V.; BMW de México, BaNaMex,; Sanmina SCI; Systems de México Grupo IUSA; y otros bancos.

Mucho más larga es la de los grandes deudores fiscales y la suma llega a los 214 mil 665 millones 040 mil pesos. En ella aparecen altos Hornos de México, el Grupo Aeroportuario Centro-Norte; Cemex; Telecom; Grupo México, Grupo Modelo; Telmex Internacional: grupo Carso; Liverpool; Grupo Gigante; Grupo Bimbo, Grupo Cicsa, Femsa; Grupo Aeroportuario del Sureste, Coppel; Palacio de Hierro y muchos más, los cuales conforman el detrás del telón de los gritones en contra de la decisión ciudadana.
Con información de Revolución 3.0

Los empresarios chillones por la cancelación del NAICM son grandes deudores fiscales.



El resultado de la consulta ciudadana sobre la ubicación de una terminal aérea con la cual se logre mantener la conectividad, incrementarla, impedir cualquier tipo de accidentes ante la saturación existente, etcétera, significó mucho para los mexicanos en general, para aquellos cuyas opiniones convertían a Texcoco en el lugar ideal, pero también para los demandantes de una red aeroportuaria la cual impida se siga secuestrando en solo punto a los usuarios de este transporte, tanto a los nacionales como a los extranjeros. Independientemente de lo anterior, se logró otorgarle la mayoría de edad a quienes, con sus impuestos, con su dinero, permanecen ajenos a las decisiones de gran envergadura.



“Un millón de opiniones son muchas más que una sola”, llegó a expresar Andrés Manuel López Obrador y la decisión apoyando al aeropuerto de Santa Lucía no es sino una pequeña parte de lo que se ve consistirá en crear toda una red aeroportuaria. Por lo pronto la saturación actual del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en sus terminales 1 y 2, se resolverá aprovechando al máximo la capacidad de la terminal aérea ubicada en Toluca.

Se sabe, extraoficialmente, es considerado el aeropuerto de Atizapán, también en el Estado de México para la salida de vuelos particulares y el de carga estaría en Querétaro al contar con óptimas redes carreteras e inclusive ferroviarias, indispensables para esta actividad.



Con la participación de los ciudadanos en esta consulta, se ve claramente se expresó una vez más el rechazo a cualquier actividad en donde existan elementos ubicados dentro de los negocios fraudulentos y corruptos llevados a cabo por ciertos empresarios quienes no abandonan su lugar en las listas de Forbes y son señalados por, inclusive, pagar porcentajes mínimos de impuestos y, de ser posible, evadirlos.

Además de recibir millonarias condonaciones. El contraataque de estos grupos se ha dejado sentir al señalar, en voz de sus líderes, empresariales nerviosismo en los mercados e inclusive culpan a esta determinación de la alteración en la paridad peso-dólar. Ello pueden manejarlo en virtud de estar sus empresas cotizando fuertemente en la Bolsa Mexicana de Valores, desde donde realizan todo tipo de manipulaciones en una vana intentona de presionar al presidente electo.

Los mayores temores se centran en dos renglones: la devolución de las Afores utilizadas sin el consentimiento de los ahorradores y las indemnizaciones a cubrir por los daños causados a un número aún no determinado de casas afectadas al ir avanzando la construcción del fallido aeropuerto. Ambas partidas deberán ser cubiertas por quienes usaron un dinero sin autorización y por aquellas causantes de las afectaciones referidas.

Empecinado como se encuentra EPN y los empresarios engolosinados con el NAIM texcocano, anuncian seguirán los trabajos hasta el primero de diciembre, hasta el último minuto de portar el mexiquense la banda presidencial, lo cual demuestra hacia donde han caminado los intereses durante los últimos años y, lo que es peor, el ejercicio de una autoridad por encima de la opinión ciudadana.

Y es que los negocios no se centran únicamente en la terminal aérea, estaban los inmobiliarios, los comerciales, los de los centros de hospedaje y obviamente el más rico de todos: el mantenimiento y los servicios de las instalaciones aeroportuarias y por ende esperar al momento en el cual semejante faraónica obra les sea concesionada con beneficios tales como el no pagar impuesto predial.

Cancelar el NAIM de Texcoco significa parar de tajo la construcción de grandes edificios, de zonas exclusivas en donde hubiese, además, una terminal para vuelos particulares y por ende la renta de hangares, significarían otro negocio más que redondo ya fuese por la vía del arrendamiento o de la compra directa. Detrás de cualquier opinión con o sin capacidad y conocimientos sobre ingeniería aeroportuaria, está presente la negativa a seguir soportando sigan prevaleciendo los intereses de quienes siguen haciendo negocios con el dinero de todos los mexicanos.

Ningún beneficio para la ciudadanía en general arroja esta obra, los salarios de quienes ahí encontraron empleo son de hambre, ni siquiera fueron capaces de inscribirlos a todos en el IMSS y los descuentos en nómina están a la orden del día. A ello se agrega el encarecimiento, las cifras no conocidas de gasto y costo total reales y por si no fuese suficiente, las prácticas corruptas en las cuales no dudaron en infectar a una de las más serias instituciones nacionales.

Curiosamente los empresarios inconformes con la decisión ciudadana, los agoreros de todas las desgracias económicas habidas y por haber, forman parte de una lista de 10 contribuyentes a quienes se les han condonado impuestos por montos superiores a los cien mil millones de pesos al alcanzar la cifra de 794 mil 731 millones 878 mil pesos y son: Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V., Ajemex, S.A. de C.V.; Tiendas Soriana, S.A. de C.V.; Edificaciones integrales de Guadalajara, S.A. de C.V.; América Móvil, S.A. B. de C.V.; BMW de México, BaNaMex,; Sanmina SCI; Systems de México Grupo IUSA; y otros bancos.

Mucho más larga es la de los grandes deudores fiscales y la suma llega a los 214 mil 665 millones 040 mil pesos. En ella aparecen altos Hornos de México, el Grupo Aeroportuario Centro-Norte; Cemex; Telecom; Grupo México, Grupo Modelo; Telmex Internacional: grupo Carso; Liverpool; Grupo Gigante; Grupo Bimbo, Grupo Cicsa, Femsa; Grupo Aeroportuario del Sureste, Coppel; Palacio de Hierro y muchos más, los cuales conforman el detrás del telón de los gritones en contra de la decisión ciudadana.
Con información de Revolución 3.0

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